“Aparentemente Bank of America (BofA) es el único banco capaz de hacer un análisis decente sobre El Salvador”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter el pasado 27 de septiembre en referencia a un análisis que publicó la semana pasada esa institución bancaria, en el que aborda los distintos aspectos relacionados con la situación fiscal y financiera del país.
Entre los puntos que analizó el BofA está una mayor recaudación tributaria que el gobierno ha logrado hasta la fecha, un dato positivo que fue replicado por todos los medios estatales. Sin embargo, el documento señala que este dato “positivo” podría no ser suficiente para que los inversionistas consideren innecesario cerrar un acuerdo de asistencia financiera de hasta $1,300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las conversaciones por ese acuerdo, que tiene más de un año de estar estancado, no han podido avanzar por distintas decisiones que el mismo gobierno ha tomado, como lo fue la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal.
Ante este panorama, el informe del BofA sostiene que “el crédito actual de El Salvador está atrapado en el limbo” y describe dos motivos: el primero es que “no hay evidencias de que el gobierno se esté preparando para girar decisivamente hacia un acuerdo con el FMI”; y el segundo, porque “la situación fiscal que resulta de una positiva recaudación tributaria no es suficiente para que el país no dependa de ese programa con el Fondo”.
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En este sentido, la idea que plantea el análisis del banco estadounidense se basa en que para los inversionistas (sobre todo los tenedores de los bonos salvadoreños) el país debería alcanzar el acuerdo con el organismo multilateral.
Sin embargo, a la fecha no se han conocido avances al respecto, aunque en una entrevista televisiva de ayer, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó que “el acuerdo con el FMI sigue en conversaciones”, y aseguró que a finales de agosto se reunió con representantes de la entidad en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
No obstante, Bank of America apunta que “en la revisión del Artículo IV, publicado en enero, quedó claro que el FMI no está dispuesto a avanzar a menos que el gobierno salvadoreño reduzca sustancialmente el alcance de la Ley Bitcoin. Su estado como moneda de curso legal, en particular, es el punto conflictivo”, señala.
La recompra de bonos
Y ante la falta de ese acuerdo, que ha provocado que el riesgo país se deteriore significativamente en el último año, entra en juego el tema de la recompra de unos $565 millones de bonos de 2023 y 2025 (ambos equivalentes nominalmente a a $1,600 millones) que el gobierno ejecutó recientemente, y que según Zelaya buscaba, precisamente, mejorar la imagen de El Salvador en los mercados.
Pese a la preocupación de los inversionistas por el riesgo de un posible impago, BofA afirma en su análisis que el país tiene la capacidad de pagar el bono de $800 millones que vence en enero del próximo año, aunque aclara que esta medida “no cambia el juego”.
“Ahora que el gobierno ha enviado una señal sobre su disposición a pagar, no creemos que el resultado de la recompra cambie las reglas del juego para el sentimiento de los inversores”, sostiene el análisis con respecto a las perspectivas del mercado, debido al riesgo de impago “relativamente alto por la proximidad del vencimiento”.
Por ese posible escenario de impago es que BofA señala que los bonos pagaderos a más largo plazo se mantienen con precios bajos (al rededor del 30% de su valor original), además de que atribuye a que hay preocupaciones con respecto a la gobernabilidad en el país, lo que incluye los señalamientos al país por el régimen de excepción y las posibles sanciones que emitiría Estados Unidos en caso de que se concreten las intenciones de reelegirse como presidente que Bukele anunció el 15 de septiembre.
“La posible reelección del presidente Bukele es otro riesgo, dado el precedente estadounidense de imponer sanciones a los bonos durante disputas geopolíticas”, agrega el análisis del banco.
Asimismo, el hecho de que esa recompra parcial de la deuda se realice a través de más deuda (por ejemplo, un préstamo de $200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), podría reducir el margen de recuperación de los bonos restantes en caso de que haya un impago en 2023, según el análisis del banco estadounidense.
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Aún así, el BofA sostiene que “no está de acuerdo con las agencias calificadoras”, las cuales han señalado la presión que agregaría a la situación financiera del país esa operación. La recompra “no altera la probabilidad de impago”, dijo recientemente Fitch Ratings.
Según el economista Luis Membreño, la opinión de Bank of America no tiene peso en este contexto por no ser expertos en calificación de riesgo.
“Fondos están asegurados desde principios de año”
Durante la misma entrevista de ayer, Zelaya aseguró que los fondos para pagar la deuda correspondiente a ese bono de 2023, “están asegurados desde principios de año”.
Sin embargo, el análisis de BofA sostiene que “hay una gran diferencia en la voluntad de pago” de ese bono en comparación con lo mostrado en la primera mitad del año.
Lo anterior debido a que fue el anuncio de la recompra de esa deuda que hizo Bukele finales de julio lo que impulsó esa voluntad de pago, en una operación que según economistas locales consultados anteriormente por El Diario de Hoy, ha sido una medida para evitar, precisamente, caer en default.