Los derechos que no se conocen, ni se defienden, ni nos importa perderlos. Lo demuestran las últimas encuestas sobre el efecto que el estado de excepción ha tenido en la población, cuya única ganancia ha sido la seguridad, y que las pandillas están bajo control, según afirma la propaganda oficial. Los ciudadanos debemos estar conscientes de que desde el 27 de marzo de 2022 perdimos el derecho de reunión y asociación; a la defensa técnica; a detención provisional hasta un máximo de 72 horas; derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Y otros derechos individuales como una orden judicial para ingresar al domicilio y a conocer las causas por las que se procede a la detención. Según las encuestas, un promedio del 75% de la población desconoce la existencia de esos derechos, de los que ha sido privada, por lo que no resiente que llevemos un año sin poderlos ejercer.
Ante el desalojo de vendedores informales del Centro Histórico, que ha recuperado antiguas edificaciones, y permitido al comercio formal exhibir sus productos en sus vitrinas, la alcaldía ha manifestado que ha sido gracias al diálogo pacífico que los comerciantes están dispuestos a ubicarse en los mercados municipales. Pero también se escuchan las voces temerosas de los comerciantes que en pocas horas, procedieron a desmantelar sus puestos. “Tenemos miedo que por el régimen de excepción, nos puedan llevar presas si protestamos”.
Los miles de afectados por la injusta captura de sus familiares han visto cómo policías y soldados, haciendo derroche de prepotencia, han invadido la privacidad de sus hogares en horas de la noche, entrado sin ningún respeto a los dormitorios, para llevarse a sus hijas adolescentes. Y al atreverse a preguntar la razón de la detención, han recibido insultos y amenazas de ser ellos también capturados. Otro derecho perdido, pero ignorado.
Nada puede hacerse para saber del destino de los detenidos dentro de los penales, de los gastos incurridos para enviarles medicinas y el kit de limpieza, que muchas veces jamás llega al destinatario. Que ni sus propios abogados han tenido acceso al defendido, y que poco podrán hacer en una audiencia de más de 300 personas. Y que muchas veces, después de tanto esfuerzo, llega una funeraria a ofrecer sus servicios, porque su familiar falleció. O que fue enterrado en fosa común y hay que sufrir el dolor y el gasto de la exhumación y el reconocimiento del cadáver. O que el ataúd sellado, con indicación de no abrirlo, dolorosamente esconde un cadáver torturado, con fracturas y lesiones visibles, totalmente contrarias al diagnóstico del forense: murió de paro respiratorio.
Pero este desconocimiento de leyes y derechos, no solo se da en personas con baja escolaridad. En el tema de la Reforma de Pensiones, 8 de cada 10 ciudadanos no sabe en qué consiste la reforma aprobada; ni el porcentaje que el empleador descuenta mensualmente de su sueldo; ni cuál es la edad de jubilación, y sencillamente protesta cuando se habla de aumentar la edad, considerándolo un daño para el monto de su futura pensión. La mayoría calificó de buena la nueva reforma, porque desconoce la enorme deuda de $6,000 millones que el gobierno tiene con los cotizantes. La aprobación a las reformas es mayor entre los jóvenes de 18 a 29 años, un 80.7% la califica de muy positiva, sin saber que cuando a ellos les toque jubilarse, no habrá dinero suficiente para pagar sus pensiones. La realidad es que los salvadoreños, al aprobar un año del estado de excepción, no se dan cuenta que en su ignorancia, están cambiando la libertad, por una dudosa sensación de seguridad. Gran logro del gobierno el mantener al pueblo en la ignorancia.
Maestra.