El necrogobierno: la muerte desde el gobierno

PUESIESQUE…preparando un ensayo a publicar en el extranjero, me preguntaba si existiría una expresión que permita calificar al actual régimen que desgobierna en El Salvador y, después de reflexionarlo mucho, llegué a una conclusión: el actual gobierno merece el calificativo de NECROGOBIERNO, la muerte desde el gobierno, desde el Estado.

Me explico: “necro” es un prefijo de origen griego que sirve para la formación de vocablos con el significado de “muerto” o “cadáver”, así que, en definitiva, con la expresión que seleccioné, me refiero a un gobierno que provoca muertos, dedicado -por acción u omisión- a la muerte.

Seamos claros y directos: por supuesto que es obligación del Estado proporcionar a la población las debidas condiciones de seguridad y, por ende, es deber del Estado luchar con la delincuencia, sobre todo cuando se trata de crimen organizado y, en el país, ello supone una decidida y frontal persecución contra las pandillas, contra las maras.

Ahora bien, la aplicación de la ley penal contra los integrantes de las pandillas puede y debe hacerse a través de las herramientas que la normativa legal establece, sin que para ello sea necesario acudir a las represivas herramientas y, sobre todo, a medidas que implican la violación de derechos que no están suspendidos.

Así que, en la realidad, en El Salvador no existe régimen de excepción, sino un gobierno que viola en forma masiva derechos humanos: ¡esto no es régimen de excepción, sino una excusa para la represión de las y los salvadoreños!

Veamos algunas prácticas del gobierno:

• Detención y procesamiento de personas sin previa investigación penal. ¿Está suspendida esta garantía constitucional? ¡NO!, pero al gobierno le da igual, por lo que han alterado las nociones elementales del proceso penal, al grado que algunos funcionarios presentan como logro lo que en realidad es una aberración: liberar a más de 800 detenidos refleja que el gobierno hace al revés las cosas, ya que primero detiene, después “suben” a Twitter una foto del detenido, acusándolo de ser terrorista, pero después, en la noche y sin anunciarlo, lo liberan.
• Capturas sin previa orden escrita. ¿Está suspendida esta garantía constitucional? ¡NO!, pero al gobierno no le importa, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FF.AA.) detienen a quien les ronca la gana, sin orden escrita, ni administrativa ni judicial.
• Tratamiento de los detenidos como culpables, al grado que la PNC anuncia la pena a imponer. ¿Está suspendida la presunción de inocencia en materia penal? ¡NO!, pero al gobierno no le interesan los derechos humanos.
• Audiencias simultáneas con decenas de detenidos, sin derecho a ejercer la defensa. ¿Está suspendida la garantía del debido proceso? ¡NO!, pero al gobierno, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los “jueces” nombrados a dedo y en forma inconstitucional e ilegal, les da igual, así que, a efectos prácticos, no aplican las garantías del debido proceso.
• Ante una “oficina” de personas que usurpan funciones y despachos en la CSJ se presentan miles de solicitudes de hábeas corpus o exhibición de la persona (es el proceso para conocer y decidir sobre eventuales detenciones arbitrarias), pero no se resuelven en meses. ¿Está suspendida la garantía procesal de hábeas corpus? ¡NO!, pero como quienes usurpan son totalmente dóciles al gobierno, esconden miles de peticiones y no resuelven, con lo que, a efectos prácticos, ya no se cuenta con garantías procesales.

Pero lo que es más grave todavía, si cabe:

• En siete meses, aproximadamente ochenta personas han fallecido en centros penales o bartolinas, estando bajo custodia del Estado: así que el gobierno sale con la propaganda de cero homicidios, pero bajo responsabilidad directa del Estado mueren más de diez personas al mes.
• Las autoridades policiales y penitenciarias se niegan a dar información sobre el centro de resguardo y la condición de salud de personas detenidas, así que esas personas pasan a ser desaparecidos forzados: el gobierno, entonces, está desapareciendo personas.
• No se informa a los familiares sobre personas muertas en centros penales o en hospitales después de apresados, sino que les avisa una funeraria o, lo más deshumanizante, tiran el cadáver en una fosa común.

Todas esas acciones u omisiones, ¿están permitidas por el régimen de excepción? ¡NO!

Así, entonces, la mayoría y las más graves de las acciones del gobierno en estos siete meses no están respaldadas por un régimen de excepción, que es una figura prevista y delimitada por la misma Constitución, sino que se trata de acciones de hecho, arbitrariedad pura.

Entonces, seamos sinceros, y hablemos con la verdad: en El Salvador, desde hace siete meses, ¡no estamos en régimen de excepción!, sino que estamos bajo el yugo de un gobierno represivo, que detiene a mansalva, inobservando los derechos más básicos de las personas.

Y es que las acciones, omisiones y discurso del gobierno no son propias de un régimen de excepción, sino que son prácticas fascistas de un gobierno autoritario, que provoca muertos: por eso es un NECROGOBIERNO.

Y todo eso lo hacen, así se lleven vidas de encuentro, en la búsqueda de lograr una popularidad que les permita conservarse en el poder y consolidar una dinastía familiar extractiva de los recursos estatales, además de crear un ambiente de miedo que impida o reduzca la crítica o los cuestionamientos a los coyunturales gobernantes.

Abogado constitucionalista.