Las condiciones sociopolíticas en América Latina han configurado un desafío para el ejercicio periodístico en varios países. Se podría decir que el principal es el combate a las prácticas corruptas que, a semejanza del virus que desde el 2019 afecta al mundo, se esparcieron con gran rapidez.
Tales acciones afectan la vida de los ciudadanos y erosionan la democracia, entendida en su real dimensión. Ejercer el desafío tiene un componente de alto riesgo. En la última década 8 de cada 10 crímenes de periodistas han ocurrido en América Latina: México, Guatemala, Honduras, Colombia y Brasil. Un signo común es la impunidad. Reporteros sin Fronteras registra que solo uno de cada 10 casos ha sido resuelto.
Las instituciones que caracterizan a una democracia y que ejercen labor contralora han sido debilitadas o anuladas. Hay opacidad en cuanto al manejo de fondos públicos y excesivas discrecionalidades, como declarar reserva por 7 siete años toda información relacionada a la pandemia, como está vigente en El Salvador.
La opacidad es el sello que muchos estados colocaron durante la pandemia y lo mantienen. En marzo de 2020 los garantes para la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa fueron contundentes en una declaración conjunta.
Manifestaron que “es esencial que los gobiernos proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso".
Otros hechos son eslabones de la cadena de opacidad. Los ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos, al ser etiquetados por una poderosa narrativa oficial como enemigos, y que informar o denunciar abusos es una actividad criminal.
La desacreditación a periodistas ocurre en México, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Venezuela, entre otros países. El Comité para la Protección de Periodistas registra 250 comunicadores encarcelados por sus gobiernos.
Tiene vigencia el mensaje de David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, emitido el 3 de mayo de 2021 con motivo de Día Mundial de Libertad de Prensa:
“Una prensa libre ofrece acceso a todo el mundo a información de todo tipo, algo especialmente importante durante una crisis de salud pública. Durante los últimos meses, el periodismo independiente se ha convertido en un eje fundamental de la información pública, destapando casos de engaños por parte de gobiernos a la vez que ayudaba a las personas de todo el mundo a comprender la naturaleza y el alcance de la crisis de salud pública a la que nos enfrentamos todos”.
Periodista.