Por En el marco del proceso de reformas a la Ley de Educación Superior se ha discutido el tópico de porcentaje del presupuesto destinado a investigación institucional; los románticos y arriesgados apuntan al menos al 5%, los más conservadores y mercantiles defienden un 2.5%. ¿Vale la pena legislar sobre este porcentaje…?
Durante los años que desarrollé mi función como par evaluador de la Educación Superior, unas de las principales debilidades detectadas en los procesos fue el dato de la estimación o presupuesto de la función científica institucional, incluyendo su prorrateo bilateral.
Pese a que existen Manuales técnicos específicos y técnicos para comprender la organización investigativa –Frascati (7ª edición), Oslo o Bogotá- las Instituciones de Educación Superior (IES) suelen presentar presupuestos desequilibrados o maquillados; a veces por ignorancia otras veces para ocultar una realidad.
La OCDE, desde 1963, cuando celebró una reunión de expertos nacionales en estadísticas de investigación y desarrollo experimental (I+D) en Villa Falconieri, Frascati (Italia), creó la primera versión oficial de la Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental, más conocida como el “Manual de Frascati”. Más allá de esta normativa técnica, las IES deberían considerar armar su presupuesto científico institucional sobre los siguientes criterios:
1.- Compra de equipo científico, laboratorios, simuladores o software y su mantenimiento; 2.- Salarios del personal de planta, incluyendo apoyos administrativos y técnicos(más prestaciones); 3.- Publicaciones y difusión; 4.- Actividades científicas, organización o participación (congresos, logística, viajes, etcétera.); 5.- Porcentaje –sobre base de metros cuadrados- de los servicios de internet, agua, electricidad, seguridad y otros vinculados con la operación.
Por ejemplo, si una institución educativa paga una factura de energía eléctrica mensual de US$ 1,500, por su campus, en una extensión de 1,000 mts², y las oficinas y/o laboratorios vinculados al quehacer científico representan 125 mts²; el dato a incluir al presupuesto sería de $187.50 (mensuales). Lo mismo se aplicaría por los demás servicios. La clave en el prorrateo de servicios es tener identificado y justificado el metraje cuadrado de los espacios científicos, oficinas, laboratorios y otros lugares vinculados a la función.
Así como en esta función universitaria hay una visión generalizada de “gasto”, también será importante incluir el punto de vista de la “inversión” y sobre todo medir el “retorno”; cada vez que surge una nota de prensa en medios impresos, radio o TV vinculada a un proyecto de investigación institucional habrá que calcular dicho retorno en función de pulgadas publicadas o minutos al aire; también habría que medir el impacto digital en las redes sociales al publicar un material científico, cuántas vistas o descargas genera ese contenido.
Lo anterior habría que agregar en las proyecciones de ingresos no remunerados. ¿Y cuando llega una visita a la institución? o ¿cuando pretendemos proyectar la imagen institucional?, ¿Qué se suele hacer? Entregar libros o revistas, visitar o hablar de los laboratorios o exponer los principales logros científicos. Estos es imagen y reputación y tienen también un valor.
Muchas de las universidades élites en el primer mundo presumen a sus Premios Nobel, Medallas de Ciencias(Australiana de Historia Natural; Clarke; de honor del IEEE; De Morgan; Edison IEEE; Lomonósov; Mendel; etcétera), reconocimientos de alto nivel científico, factor de impacto en las grandes revistas o bases de datos, Premios María Moors Cabot, entre muchos otros.
En efecto, la reputación e imagen real de una institución de nivel superior o universitaria, no se construye con marketing, con cuotas bajas ni con publirreportajes, son los aportes científicos basados en evidencia los que hablan de la calidad y pertinencia académica y científica.
Esto también nos lleva al análisis de los presupuestos de las cuatro grandes áreas de operación: Docencia, Proyección social, Administración e Investigación; siempre que llegaba a evaluar una institución solicitaba estos datos en un gráfico de pastel, y ahí visualmente se intuía las prioridades institucionales. Menos del 3 o 5% dedicada a investigación, otro 3 o 5% a proyección social, y el restante 90% se dividía entre lo docente y lo administrativo ¿importa verdaderamente la ciencia?
Para algunos “académicos” la docencia genera ingresos, mientras que la investigación produce gastos; esto es real cuando prevalece la visión mercantilista de la educación superior. La pregunta de fondo es: ¿Qué se está enseñando en una institución que no invierte en investigación?, ¿conocimientos obsoletos o de otros contextos?, ¿soluciones irreales o imaginativas? Llevamos muchos años así, demasiados y seguimos repitiendo el patrón: No hay patentes universitarias, no hay buena relación universidad-empresa y seguimos dependiendo de las remesas; éste es el modelo del subdesarrollo, como diría Andrés Oppenheimer: “Mientras que Corea del Sur registró 17,000 patentes ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el año pasado, todos los países de América Latina juntos registraron solo 537. La falta de innovación es una receta para el atraso” (Twitter, 6 de agosto de 2019).
Sin patentes, sin diseñar soluciones a los problemas reales de la sociedad y de los sectores industriales, estaremos enseñando contenidos obsoletos o poco pertinentes; es decir haciendo una docencia poco eficiente e impulsando el modelo de la universidad como “ascensor social” que señalara Ignacio Martín-Baró en los años 70. ¿Seguimos igual o cambiamos?
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Investigador Educativo/opicardo@asu.edu