Por A nivel mundial el transporte marítimo y las actividades portuarias son pilares fundamentales del comercio exterior de los países, por lo que deben ser considerados como prioritarios y estratégicos. En El Salvador la competitividad del comercio exterior se ve afectado por deficiencias, tanto en el transporte terrestre como en las actividades portuarias, así como por los sobre costes impuestos por las empresas navieras internacionales debido a las ineficiencias de aquellas actividades.
De manera que los asuntos relacionados con el transporte marítimo-terrestre y actividad portuaria; desempeñan un papel relevante para la adecuada atención de las necesidades socio económicas de los habitantes y del aparato productivo del país y deben ser considerados como prioritarios por el Estado Salvadoreño, para cumplir con su atribución de fomentar la actividad productiva nacional y la competitividad de los precios de los productos y servicios consumidos por los habitantes.
Esta visión dio paso a la entrada en vigor de la Ley General Marítimo Portuaria (LGMP) en el año 2002. La LGMP es una normativa moderna que dio lugar a la creación de una nueva entidad “reguladora” denominada la Autoridad Marítimo Portuaria (AMP). La ley claramente establece que es importante que la AMP posea personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica y económica y que el recurso humano de sus unidades de dirección y administrativas estén desvinculadas del sector marítimo portuario.
Las competencias principales de la AMP se podrían resumir en “fomentar el desarrollo y fiscalizar, supervisar y controlar; todas las actividades marítimo portuarias, incluyendo los acuáticos continentales, así como de la seguridad de la navegación de los buques en El Salvador”. Para cumplir a cabalidad con estas y otras competencias institucionales, la LGMP establece la conformación y requerimientos que deben cumplir los miembros de la Autoridad Superior de Dirección y Responsable de la Administración, es decir el Consejo Directivo y director ejecutivo, respectivamente.
Estos funcionarios deberían involucrarse activamente en proponer acciones y políticas para que el país saque el máximo provecho de lo marítimo portuario, como por ejemplo la promoción de: nuestro litoral marítimo y sus puertos, el cumplimiento de normas de preservación del medio ambiente por parte de navieras, puertos y empresas ligadas a estos, las comunidades portuarias, el establecimiento de Consejos de Usuarios del transporte que hagan contrapeso a las Conferencias Marítimas, entre muchas actividades realmente estratégicas. Lamentablemente lo que se observa en abundancia en las redes sociales es la participación de estos funcionarios de dirección en actividades rutinarias y nada estratégicas, así como la falta de idoneidad de estos para ostentar esos cargos, conclusión a la que se puede llegar al leer los currículos colgados en el portal de transparencia y compararlos con los requerimientos que por ley deben cumplir. El Estado debería hacer un giro de timón importante para lograr un desempeño estratégico de la dirección y gestión de tan importante institución.
Máster en Gestión Portuaria /Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España