El poco desarrollo que muestran nuestras leyes últimamente son el reflejo de administraciones ineficientes o de legislaturas que responden solamente a las necesidades de otro órgano. Parece que se trata de una situación en la que el legislador salvadoreño prefiere cantidad sobre calidad o, por el contrario, prefiere callar ante problemas latentes en la sociedad actual, pues decide archivar iniciativas en desarrollo.
La aprobación de iniciativas de leyes con dispensa de tramite no es sinónimo de agilizar el trabajo legislativo, al contrario, a la larga lo complica más. Inyectar normativas a una sociedad sin el debido análisis pormenorizado de si esta se adapta a las necesidades actuales desemboca en terribles consecuencias, tales como lo ineficaz de la ley ante la problemática que pretende solucionar. De la poca discusión resultan las confusiones, obscuridades y vacíos legales, que incluso la vuelve contradictoria con el resto del sistema legal.
Además de lo anterior, es notable el desconocimiento considerable por parte de la población de las leyes del país, pues se ve plagada de una larga lista de normas, pero sin entender sus causas y mucho menos sus consecuencias y aplicación concreta. Esto resulta en que las leyes están presentes en el ordenamiento jurídico, pero que carecen de efectividad para lo que fueron creadas.
Tampoco debemos ignorar el daño que esto ocasiona a la aplicación de la justicia, pues el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver las controversias que se les presentan. Estos deben de trabajar con la calidad que las leyes les permiten y encajarlas lo mejor posible para avalar la decisión a situaciones en concreto.
La ineficacia de las leyes también proviene del desconocimiento de quienes están encargados de crearlas. Pertenecer a un parlamento no debe considerarse una tarea fácil y/o ligera; por tanto, quienes lo conforman requieren de una mayor preparación o, al menos, de un apoyo especializado en el área que se busca regular.
En una sociedad con circunstancias tan complejas, las situaciones que se pretenden tratar poseen tantos matices que no requieren de una única solución. El querer regularlas tantas eventualidades se vuelve tan amplio que el legislador cae en el uso de términos ambiguos, lo que dificulta la misma aplicación de la ley. Por el contrario, muchas veces también se vuelve muy restrictivo en las interpretaciones que puede tener una norma, que no permite una flexibilidad legal dentro de los parámetros constitucionales permitidos.
Por regla general, en nuestro país las normas jurídicas son escritas y, por lo tanto, el texto debe responder a una correcta dicción y aplicación de palabras utilizadas en la escritura, así como también debe llevar una estructura lógica de redacción, contenido y forma, de tal manera que se identifique fácilmente el estilo y además facilite saber en qué parte de la estructura de la ley se encuentra el precepto que se necesita conocer en un momento determinado; de esta manera una ley resulte funcional.
Por ello, si el legislador manifiesta su voluntad a través de normas o disposiciones legales dirigidas a un conglomerado social, es primordial la claridad de estas, tanto en su intención (el espíritu del legislador), como en la forma de redacción, que responda a esa intencionalidad; así tendremos leyes fácilmente comprensibles para las personas y su aplicación no será complicada.
Las leyes por sí solas no resuelven los problemas; se necesita una previa educación y orientación sobre la situación que se regula. Al contrario de lo que se cree, que una norma proteja a un cierto grupo minoritario no genera una reflexión en las personas de respeto hacia ese grupo. Primero se necesita crear conciencia antes que órdenes; de esa manera el cumplimiento de la ley se vuelve incluso más factible.
Se ha notado, además, una carencia de participación ciudadana en los procesos de formación de ley, cuando informar a la sociedad sobre el tratamiento de una problemática es un punto clave para que una ley sea eficaz en la sociedad. Asimismo, se necesita de una mayor difusión dinámica que le permita a la población conocer las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico, pues es hacía estos a quienes está dirigida y quienes harán uso de ellas. Para lo anterior, los medios de comunicación juegan un papel importante, ya que deben transmitir de manera crítica y transparente lo que está sucediendo en el sistema legal del país.
Es también importante recordar que se necesita un cierto nivel de discernimiento inmutable por parte de los legisladores que les permita concentrarse en una solución y no en corrientes políticas de turno. Dado que nuestra Constitución no cuenta con normas que indiquen cómo deberá conformarse un texto legal, es recomendable implementar un estudio serio y sistemático de la técnica legislativa.
Estudiante de Ciencias Jurídicas
Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)