Decenas de personas llegan cada mañana a la bartolina conocida como “El Penalito” en San Salvador. La mayoría son madres, esposas, hermanas o hijas de los detenidos. Su objetivo es obtener cualquier información sobre su familiar.
Mientras hacen fila bajo el ardiente sol de la mañana, muchas se consuelan entre sí; algunas intercambian sus números de teléfono por si llegan a obtener un dato importante.
Al hablar con las familias, los relatos son similares y las denuncias sobre detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción se repiten continuamente. Todas coinciden en que han pasado días sin saber de su familiar y eso las ha llevado a cuestionar el accionar del Gobierno de Nayib Bukele.
“Un día votamos por él y lo queríamos mucho al presidente pero hoy ya no, con esto que está haciendo ya no lo queremos, nos ha decepcionado y quizás ya no votaremos por él”, dice una madre soltera que tiene a dos hijos detenidos.
Aparte de la falta de información, también denuncian el uso excesivo de las autoridades contra los detenidos y piden a las organizaciones defensoras de los derechos humanos intervenir.
“Hubo jóvenes que trabajaron para ustedes en la canasta solidaria, hubo jóvenes repartiendo esas canastas, deberían sacarlos de aquí, es una injusticia”, dice una madre que cuenta que su hijo de 21 años participó en el programa de entrega de alimentos que ejecutó el Gobierno durante la cuarentena, “fue a repartir en las madrugadas la canasta solidaria y así no debería pagar el presidente”, sentencia.
La esposa de un vendedor de gas propano que fue detenido bajó sospecha de un accidente de tránsito asegura que ella tampoco volverá a votar por Nayib Bukele y que está dispuesta a votar por cualquier otro partido político para disminuir el poder del actual Gobierno.
“Hay que ir a votar para que saquen diputados de él, ahora como tiene tantos diputados él dice: vayan aquí, pongan aquí, pongan allá y todos dicen si, lo que Nayib diga eso es”, cuestiona.