“El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe”. Esta es la lapidaria conclusión del más reciente comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en conjunto con otras organizaciones que velan por la libertad de prensa y el ejercicio periodístico independiente.
Según este pronunciamiento, el ejercicio periodístico está enfrentando dificultades inéditas en la corta vida democrática latinoamericana. En algunos lugares, la amenaza viene en forma de bloqueos a la información; en otros, como discursos estigmatizares; finalmente, en algunos se ha llegado a las balas.
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En 2022, FLIP da cuenta de al menos 37 homicidios en virtud de la labor de periodistas. La mayoría de estos se produjo en México, país que sigue concentrando la mayor parte de muertes de comunicadores.
Según los registros de la organización y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Reporteros sin Fronteras, en México van 13 periodistas asesinados en lo que va del año, colocándose como el año en que más sangre ha corrido desde que hay registros, en 2000, y superando el registro mortal de 2017, cuando hubo 12 asesinatos.
Pero no es solo la muerte y el encarcelamiento de periodistas lo que marca un clima oscuro para la región. Hay, según la FLIP, otras grandes preocupaciones que han dominado 2022.
El retorno del caudillismo
A juicio de la Fundación para la Libertad de Prensa, una característica esencial de este 2022 es el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas.
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Después de tres décadas de intentos de democratización en la región, una nueva ola de descontento y desconfianza con las instituciones democráticas se ha instalado exitosamente en diversos puntos del hemisferio. Los sistemas políticos construidos sobre la base del equilibrio de poderes y los órganos autónomos está siendo sustituido por regímenes unipersonales con características autoritarias.
Dentro de estos, la FLIP ubica a los sospechosos de siempre: Venezuela, Nicaragua y Cuba, con una historia reciente de asaltos a la democracia y, a juicio de muchos, de diversos grados de dictadura.
Pero también El Salvador se ha colado entre los países que más preocupación suscitan a la Fundación. De hecho, califican la situación del país como “especialmente crítica”.
Para estos países, añade el comunicado, “vemos varios líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica antiprensa como herramienta central en sus discursos oficiales”.
Esta retórica, añaden, “debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas” y “contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas”.
No es de sorprender que en estos países, donde el discurso estigmatizan contra las voces independientes es masivo y sistemático, haya constante acoso ya no solo de funcionarios públicos y cuentas anónimas o falsas, sino también de ciudadanos fanatizados que creen que son los periodistas los enemigos.
La FLIP también señala que en estos países, incluido El Salvador, los periodistas “enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder Ejecutivo”.
Desinformación
Para la Fundación, es también preocupante que hay esfuerzos sistemáticos y bien financiados de desinformación. Estos, añade, buscan desprestigiar, deslegitimarlo y hacer perder la confianza en el periodismo.
“Ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población”, lamenta la FLIP en su diagnóstico de cierre del año.
Y además de la estigmatización a medios y periodistas, esta desinformación se traduce en una marea de noticias falsas que socava los procesos democráticos. Esto se evidencia, por ejemplo, en procesos electorales en los cuales se utiliza medios digitales para posicionar ideas infundadas de fraude.
Espionaje
Finalmente, la Fundación da cuenta de prácticas de vigilancia “de las comunicaciones en contra de los y las periodistas de manera ilegal”.
El Salvador es uno de esos países donde hasta una treintena de periodistas confirmó haber sido hackeada por el invasivo software Pegasus.
“El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos”, señala la FLIP.
A juicio de la fundación, este oscuro panorama no solo afecta a los medios, sino a la sociedad en general. “Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia”, añade la FLIP, y llama a los Estados a adoptar acciones para frenar las “lamentables” cifras de agresiones a los periodistas.
El uso de la violencia contra periodistas
No es de sorprender que en estos países, donde el discurso estigmatizan contra las voces independientes es masivo y sistemático, haya constante acoso ya no solo de funcionarios públicos y cuentas anónimas o falsas, sino también de ciudadanos fanatizados que creen que son los periodistas los enemigos.
La FLIP también señala que en estos países, incluido El Salvador, los periodistas “enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder Ejecutivo”.