A un año desde que la bancada legislativa del presidente Nayib Bukele se instaló en la Asamblea y asestó el golpe del 1 de mayo, expertos señalaron “retrocesos en el tema de transparencia” ante la reserva de información relacionada al ámbito parlamentario y la aprobación exprés de leyes que han permitido al Ejecutivo evadir los controles y fiscalización de los fondos públicos.
Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó que “la garantía de la no violación al acceso al derecho a la información” quedó eliminada desde que los diputados oficialistas y sus aliados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, para imponer funcionarios afines al gobierno y se eliminó “el control del poder político”.
“Desde esta legislatura se quitó ese control y esto es relevante, porque si a esto le sumamos que el Instituto de Acceso a la Información es inoperante, entonces con mucha más razón se necesitaría del Órgano Judicial, particularmente de la Sala, para controlar al poder político en materia de transparencia, ahí hay un primer punto de retroceso”, indicó.
Wilson Sandoval, abogado y experto en materia de transparencia, lamentó que “el tema de transparencia no ha sido el eje central de las actuaciones de la Asamblea Legislativa” y criticó que en su lugar en esa institución del Estado se han promovido algunas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que buscarían imponer restricciones a dicho derecho a la ciudadanía.
“A la fecha discuten un anteproyecto de reformas a la LAIP, que retira derechos adquiridos a la ciudadanía como es el aumento de los plazos para recibir respuestas a peticiones de información pública. En dos ocasiones han intentado hacer esto y si no es por la presión de medios de comunicación y sociedad civil, ya se hubiese consumado”, apuntó Sandoval.
Al respecto, Carlos Palomo, presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), afirmó que dicha propuesta a la LAIP “es contraria a los estándares en materia de acceso a la información y por lo tanto limitaría, si se llega a aprobar, mucho las posibilidades de que la ciudadanía realice fiscalización de recursos públicos”.
Los expertos en transparencia coincidieron, además, en señalar los candados que la Asamblea ha impuesto a algunos datos relacionados al quehacer legislativo.
“A nivel interno, ahora reservan información que antes jamás se reservó como es el caso de los viajes de diputados al exterior del país y los expedientes de elecciones de segundo grado”, añadió Sandoval.
Palomo también cuestionó la modificación que realizó esta legislatura al Índice de Información Reservada para agregar “documentos o datos de naturaleza pública oficiosa”, pues aunque “tras la presión pública se corrigió”, esto considera que no fue suficiente al vulnerar el acceso a la información.
“Las reservas, por ejemplo, en cuanto al tiempo de viajes ya se limitó y se dijo que iban a ser 30 días después de que se hicieran los viajes públicos, si bien permite por lo menos eventualmente el acceso, no es adecuado porque retrasa en tiempo y obviamente es contrario a la naturaleza del derecho al acceso a la información en el que se buscan que los mecanismos de acceso sean lo más expeditos posibles”, expuso.
Mientras, para Escobar otra “muestra clara de este retroceso es que esta legislatura no tiene publicados algunos datos de su presupuesto”.
Leyes para saltar controles
Uno de los controversiales decretos aprobados por la bancada cyan fue la Ley Alabí, avalada a solo cuatro días del inicio de este periodo legislativo. La iniciativa buscaba blindar las compras realizadas en la pandemia de escrutinio e investigación. Esto, un mes después de que la Fiscalía aún dirigida por Raúl Melara anunciara que la CICIES le remitió una docena de avisos por posible corrupción.
A esta normativa le siguieron otras como la del Bitcoin, pero Sandoval puso en tela de juicio algunas de las leyes recientes que ha avalado el oficialismo y aliados para la ejecución de proyectos gubernamentales omitiendo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Entre los decretos mencionó el relacionado a la construcción del tren y del aeropuerto del Pacífico, la edificación de penales y compras en el contexto del régimen de excepción.
“Todos desplazan la aplicación de la LACAP. Es decir, se remueven las garantías de que licitaciones o compras sean hechas con mínimos de competencia entre proveedores por ejemplo”, expuso Sandoval.
Añadió que a esto se le suma la ley de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) “que deja sin efecto a que a nivel municipal también se utilice la Lacap para proyectos” en las localidades.
En la misma sintonía se mostró Escobar, quien opinó que “el que se estén aprobando leyes que no consideren estos aspectos de compras públicas, obra pública que establece la Lacap, o sea omitir esas reglas, es una muestra de que se está retrocediendo en materia de transparencia”.