Para la abogada penalista Marcela Galeas, las reformas que aprobó este miércoles la Asamblea Legislativa para aumentar las penas por el delito de pertenencia a pandillas se presta para que el mismo Estado a través de los cuerpos de seguridad cometan arbitrariedades contra la ciudadanía debido a que no se especifica cómo se demuestra ese delito.
“Ellos han categorizado el pertenecer a pandillas, pero no establecen criterios de pertenencia y lo dejan a la discrecionalidad de los cuerpos de seguridad, pero ¿cómo podríamos determinar que una persona pertenece a pandillas, bajo qué criterios”, señaló.
En ese sentido señaló que, al aprobar el último régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, no determinaron bajo qué criterios se harían las detenciones, ni cuándo utilizar el término sospechoso y de qué.
La aprobación de las reformas a las leyes en materia de seguridad, código penal y grupos terroristas dejaron errores en formulación o aplicación expuestos por diputados de oposición en sesión extraordinaria. Video EDH / Miguel Martínez
“Qué podemos entender como miembros de pandillas, al menos de manera indiciaria, que se muevan entre zona porque recordemos que ahorita lo están realizando a través de los lugares en que se reside, pero no todas las personas que viven en un determinado lugar forman parte de una estructura criminal pandilleril”, enfatizó.
Manifestó que si bien que hay miembros de pandillas que utilizan tatuajes alusivos a sus pandillas, pero hay otros miembros de pandilla que no utilizan tatuajes, entonces "¿Cuál va a ser el criterio en ese aspecto?, ¿Cómo podemos individualizar a alguien si es pandillero o no de simple vista? Porque en este tiempo que ha estado el régimen de excepción han capturado de todo”, denunció.
Foto EDH/ Jessica Orellana
Destacó que esa es la duda y está reservada exclusivamente a los diputados porque “son ellos quienes aprobaron esto y tenían que haber discutido esa serie de reformas, haberlas estudiado, haberse reunido con expertos en cada una de las áreas, haber verificado los diversos estudios criminológicos que existen y que hubiesen justificado de manera puntual por qué se tomaba esa decisión y si esas se ajustan a las leyes que estaban”, apuntó.
A juicio de la abogada, tales modificaciones han surgido como respuesta al régimen de excepción y no en cuanto a la necesidad de la reforma en sí.
Recordó que ya existe la Ley contra Actos de Terrorismo, la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, y que también existen también tribunales especializados que vienen a ajustar las conductas de estructuras criminales, en este caso de las pandillas.
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Galeas ahondó en que las leyes no deben de responder a la conveniencia sino a las necesidades, y que el tema de las pandillas no se limita a un problema legislativo o jurídico, "aquí el problema es mucho más complejo", consideró.
"Existe una política de prevención de parte del Estado, de parte del gobierno, ¿Cuál es esa política de prevención, si es efectiva o no? ¿Cuáles son las políticas de abordaje para combatir la criminalidad desde el Ejecutivo?", se preguntó. “Si estas no son efectivas no se puede traducir en una mayor punibilidad, porque aumentando las penas, eso no quiere decir que vaya a ver mayor efectividad, pues debe haber una investigación en la que se respete el debido proceso y que tenga los recursos suficientes para ir más allá de una mera sospecha o de una contradicción a la norma jurídica. Para que se lleven a esas personas presas o capturadas es algo mucho más profundo”, señaló.
Detalló que en el caso del Código Penal y las leyes especiales penales es sumamente delicado, dado que la naturaleza del derecho penal indica que se va a utilizar como la "última ratio", que quiere decir que la última razón o el último eslabón en el cual va a utilizar el poder punitivo el Estado en contra de los ciudadanos, en este caso en contra de los pandilleros, tiene que establecerse una investigación más eficaz y una política criminal de prevención para que se deje de dar la pertenencia o para que los jóvenes dejen de querer pertenecer a esos grupos delincuenciales.
"Aquí es una cosa bastante complicada que no se resuelve con el aumento de penalidades", dijo.
Además, subrayó que hay una falta de proporcionalidad en las penas, porque no están utilizando ninguno de los criterios de dosimetría penal. Este último término lo explicó en el sentido de que “las penas no se establecen porque yo quiero y van a hacer tantos años, sino que tienen que dosificarse”.
"El punto es ¿Cómo se va aplicar la proporcionalidad de las penas?, porque también están modificando varios cuerpos normativos y habría que ver cuál es la finalidad para tal cosa que no esté contemplada en la ley, porque todas están insertas en la legislación, algunas no expresas como tal, pero para eso están las circunstancias agravantes que reconoce el Código Penal (CP), y estas pueden aplicarse a cualquiera de los delitos descritos en el CP o leyes especiales", enfatizó.
En ese sentido opinó: "No le veo la razón de ser que incrementen tanto la punibilidad de manera abstracta cuando ya se tienen en las diferentes leyes especiales normado ese aspecto y que no se rijan con ningún criterio de dosimetría penal en cuanto al principio de proporcionalidad y humanidad de las penas , pues esos son los criterios técnicos".
Recuerda a la Ley Mano Dura
Mencionó que estas decisiones implican las mismas acciones que se hicieron bajo leyes similares a los planes mano dura” en gobiernos anteriores.
La abogada indicó que “esto es una forma de repetirlo. Recordemos que los planes mano dura y super mano, todos estos eran operativos dirigidos desde el ministerio de Seguridad, desde el Ejecutivo. Todo esto obviamente se hacia supuestamente para reprimir grupos pandilleriles, pero vimos que no tuvo resultado”
“O sea, vienen utilizando la misma fórmula y obtienen los mimos resultados, no se detiene la criminalidad”, concluyó.
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