"No es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo" en El Salvador", dijo la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, durante una conferencia de prensa virtual de organizaciones de derechos humanos de dicho país e internacionales que se desarrolló el pasado martes.
De esa manera, HRW llamó a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea (UE) y a los gobiernos de la región a pronunciarse sobre el régimen de excepción que se aplica en el El Salvador desde el pasado 27 de marzo tras un repunte de violencia en la que 76 personas perdieron la vida.
Para Taraciuk, la medida "abre la puerta para que se cometan graves violaciones a derechos humanos", incluyendo a la niñez, en lugar de "proteger a la población".
La representante de HRW se solidarizó con las familias de las “víctimas de la violencia” así como también con las organizaciones nacionales de derechos humanos y con los periodistas que han sido acusados por el presidente Nayib Bukele, de ser "socios de los pandilleros".
Una afirmación que genera “dificultad para ejercer el trabajo" en este territorio, cuya finalidad es “proteger a la población salvadoreña en general", agregó Taraciuk.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también mostró su preocupación al respecto. En una rueda de prensa, la portavoz de la oficina Liz Throssell, aseguró que entiende el desafío que supone la violencia de las pandillas para este país, pero que cualquier decisión debe manejarse bajo "la ley internacional de derechos humanos".
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