Asamblea aprueba $2 millones para que el Gobierno administre rutas de buses y microbuses de las que se apoderó

Con 65 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes reformar la Ley de Presupuesto 2022 para reforzar al Ministerio de Obras Públicas con $8,705,289 provenientes de la Contribución Especial al Transporte Público (Cotrans) que el Gobierno aplicó a los combustibles en los meses de enero y febrero de este año.

La iniciativa fue avalada durante una sesión plenaria maratónica marcada por las dispensas de trámite y en la que los legisladores aprobaron una serie de medidas promovidas desde el Ejecutivo para paliar el impacto generado por la inflación en el economía salvadoreña.

En el decreto se establece que, de los $8.7 millones, $2,049,740 serán destinados para que el gobierno administre las rutas de buses y microbuses de las que ha tomado "a su cargo el servicio", pues señala que se ha "multado y sancionado a varias rutas de concesionarios del transporte público de pasajeros que han cometido faltas a la ley o se han negado a cumplirla".

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las medidas paliativas que aprobó la Asamblea Legislativa en una jornada marcada por las dispensas de trámite

Por tal razón, argumenta que el Estado "en uso de sus facultades constitucionales" ha debido "tomar a su cargo  el servicio público a fin de dar la continuidad necesaria".

Aunque en la iniciativa que durará por un periodo de tres meses a partir de su entrada en vigencia no lo menciona, desde el pasado 12 de marzo, el Ejecutivo se apoderó de 293 unidades de las rutas 42 y 152 de la cooperativa que dirige el transportista Catalino Miranda.

En esa fecha Miranda fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) por presunto cobro ilegal del pasaje y obstruir la vía pública, posterior las autoridades manifestaron que el delito que le atribuían al transportista era resistencia, pero terminó siendo enviado a prisión preventiva por desórdenes públicos y el pasado 21 de marzo le agregaron otro cargo por ventas a precio superior, relacionado con el incremento a la tarifa del transporte.

El caso ha sido cuestionado por abogados al señalar que no se ha realizado el debido proceso y coinciden en que el Estado puede suspender un servicio público a un privado, pero no quitarle sus bienes.

Según el decreto, los más de $2 millones "se requieren para financiar la contratación temporal de motoristas de autobuses y microbuses, administradores de ruta, inspectores y el mantenimiento correctivo y repuestos de las unidades para su funcionamiento, y evitar poner en riesgo a los usuarios del servicio".

Mientras, los restantes $6,655,549 "servirán para cubrir la compensación económica mensual".

REGRESAR A PORTADA