La experta en derechos humanos, Celia Medrano, dijo a El Diario de Hoy que el 9 de febrero pasamos de haber vivido la militarización de la seguridad pública, herencia de gestiones anteriores que con estas acciones erosionaron uno de los puntos neurálgicos de los Acuerdos de Paz, a la militarización de la política. Es decir, la práctica de imponer con fuerza militar o fuerza policial militarizada una posición política.
Explicó que “desde una diplomacia mal entendida y criterios auto justificados como pragmáticos, la comunidad internacional lo dejó pasar e internamente no hubo la condena social necesaria para obligar a retroceder de este paso que marca un antes y un después”.
“Permitimos que esto sucediera, aunque no faltaron voces que advirtieron la gravedad de lo sucedido el 9F, la débil institucionalidad democrática no resistió”, dijo.
Ella indicó que ahora policías y militares son utilizados para contener protestas de empleados públicos despedidos injustamente bajo criterios políticos o para garantizar que funcionarios impuestos inconstitucionalmente asuman sus puestos en edificios públicos.
“En la actualidad militares custodian cajeros de chivo wallet y participan en operativos destinados a bloquear manifestaciones públicas”, manifestó.
Medrano ahondó en la gravedad de lo ocurrido en ese entonces en el congreso salvadoreño.
“Es grave que un órgano del Estado imponga su posición política no con razonamientos y fundamentando sus argumentos, sino mediante fuerza militar. Es grave que la Fuerza Armada sea instrumentalizada con finalidades políticas y que no se cuente con elementos militares capaces de desobedecer instrucciones que son inconstitucionales. Eso paso el 9F”, apuntó.
Al final, la experta en derechos humanos manifestó que la sociedad debe entender que “eso no significa mayor seguridad”.
“Lo que significa es que en todos los ámbitos sociales la respuesta es y será con fuerza militar contra cualquier actor que manifieste descontento o proteste por acciones que le afecten en sus derechos”, concluyó.