El 21 de junio pasado, el juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, La Paz, ordenó al director del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, que pusiera en libertad de inmediato a Rubén Romeo Alvarado, quien es acusado de agresión sexual en perjuicio de una menor, según una correspondencia firmada por el juez enviada al director del referido reclusorio.
Sin embargo, la familia de Romeo Alvarado denuncia a las autoridades penitenciarias de Mariona por su negativa a cumplir la orden judicial por razones desconocidas.
“Resolvió decretar ha lugar la sustitución de la detención provisional a favor del imputado Rubén Romeo Alvarado”, señala la resolución del referido juzgado.
Los familiares del acusado aseguran que las autoridades del centro penal siempre argumentan lo mismo, es decir, que está en investigación por dos meses, pero no les dan mayores explicaciones sobre esas supuestas investigaciones.
Ya pasaron más de dos meses y Alvarado sigue detenido en el penal de Mariona sin ninguna justificación, según sus familiares.
“Nos han tenido con mentiras y más mentiras. Hay una orden judicial y con todo eso no lo dejan en libertad. No nos han permitido verlo por más de seis meses”, reclamó su madre.
Ella aseguró que en el penal de Mariona les dijeron que seguía detenido porque tiene una sentencia en el juzgado Sexto de Sentencia.
Pero la madre de Alvarado asegura que eso ocurrió en 1995 en un pleito que tuvo con otro automovilista, tras un accidente de tránsito.
Sin embargo, en esa ocasión Alvarado concilió con la víctima y el caso fue cerrado.
El referido juzgado señala que de no tener otro proceso judicial o a la orden de otro tribunal debe ser inmediatamente dejado en libertad.
El juzgado de Instrucción de San Luis Talpa ha citado a Alvarado a la audiencia preliminar para los primeros días de septiembre.
Pero el citatorio fue hecho al domicilio del imputado porque el juez daba por hecho de que él ya goza de las medidas sustitutivas
Las medidas que le impuso el juzgado a Alvarado para que goce de su libertad tiene que ver con presentarse cada 20 días a firmar al referido juzgado, la prohibición de salir del país y del municipio de donde reside, tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima o su representante legal, salvo para efectos de realizar su defensa técnica o material.
También le impone el pago de la fianza por $500 que tuvo que haber sido cancelada en la Dirección General de Tesorería de Hacienda.
Lo que también resienten los familiares es que ya lleva casi seis meses de estar recluido en el referido penal y no les han permitido verlo.
Solo les han permitido que le lleven medicamentos para las enfermedades de la piel que ha contraído por las condiciones de insalubridad que hay en esa penitenciaría, aseguraron.
Ellos agregan que las autoridades del centro penal les manifestaron que están suspendidas las visitas para evitar contagios del covid.
El Diario de Hoy pidió el 17 de agosto pasado la reacción de las autoridades de Centros Penales sobre el caso, pero nunca respondieron.
Pasado tricolor
Romeo Alvarado, quien en 2008 fue precandidato presidencial del partido ARENA, fue capturado la madrugada del 21 de marzo pasado bajo cargos de agresión sexual de una menor.
El abogado Leandro Martínez, defensor de Alvarado, confirmó que las autoridades de centros penales aún no han resuelto sobre el supuesto proceso judicial que tiene pendiente que data de 1995.
“Todavía no nos han resuelto, seguimos esperando, tal vez en estos días nos resuelven”, dijo Martínez.
El caso de Alvarado se suma al del exalcalde arenero de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien sigue recluido en el penal de Mariona, a pesar de que la Cámara Tercera de lo Penal revocara su detención preventiva y ordenara arresto domiciliar con brazalete electrónico.
Después de haber transcurrido más de un mes de lo resuelto por la Cámara. Hasta ayer seguía en el penal de Mariona, lo que para sus abogados defensores es una detención ilegal porque las autoridades de Centros Penales no han cumplido con la orden de la Cámara Tercera de lo Penal de llevarlo a llevarlo a arresto en su domicilio, pero con el uso de brazalete electrónico.
Las autoridades de Centros Penales han argumentado desde que fue conocida la resolución de la Cámara que no tienen disponibles dispositivos electrónicos.
La defensa asegura que no han permitido que ni la esposa ni la madre se pueden comunicar con Muyshondt, quien enfrenta dos procesos judiciales por supuesta negociación con pandillas y la presunta apropiación de las retenciones tributarias de empleados del Departamento de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador.