El Salvador no es extraño para José Ugaz, abogado penalista peruano que ha sido presidente de la organización Transparencia Internacional -la organización más importante de lucha contra la corrupción, presente en 104 países- y, entre otros cargos, procurador especial para promover las investigaciones contra el expresidente Fujimori. En 1992 llegó al país como miembro de las misiones de paz de Naciones Unidas para dar cumplimiento a los acuerdos que acabaron con 12 años de guerra interna. Trabajó primero en Santa Ana y luego en San Salvador. El Salvador es el segundo país donde ha vivido más tiempo fuera de su tierra.
Ugaz ha trabajado en la unidad anticorrupción del Banco Mundial en los Estados Unidos y ahora apoya procesos anticorrupción en Latinoamérica. Actualmente está en El Salvador nuevamente para participar en la presentación del informe “Carrera de obstáculos: confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador”, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
¿Qué piensa a partir de lo que vio en 1992 y lo que encuentra ahora?
Es un país que yo aprecio mucho. Tengo familiaridad. Por el tema anticorrupción he mantenido una relación cercana con el país y su problemática. El acuerdo de paz fue un hito histórico, no sólo para este país, sino que en general. Es una de las pocas misiones de paz de Naciones Unidas que ha tenido éxito, de gran complejidad. Sin embargo, funcionó, se logró pacificar al país y establecer una suerte de balance en el poder entre las fuerzas de oposición y los partidos que habían estado en el poder, en medio de hechos de graves violaciones de derechos humanos, como la muerte de Monseñor Romero y el asesinato de los jesuitas en su momento. A pesar de eso fue posible sentar a la mesa a distintos actores y darle al país la posibilidad de salir adelante. Yo he sido testigo. Yo me retiro del país en crecimiento y efectivamente de las veces que he regresado en los años siguientes, he sido testigo de cómo el tema de las maras se fue de control. El Salvador ha estado a punto de ser un Estado fallido. El Estado no podía controlar la violencia. Por lo tanto, cuando se evalúa la situación actual y el régimen del presidente Bukele hay un hecho innegable: la situación de El Salvador era insostenible y había que tener intervención y esa intervención tenía que ser dura, pero en el marco de los principios que sostienen una democracia. Aunque hoy día sin duda alguna la población respira con tranquilidad en una parte muy amplia de su vida, los parques están otra vez poblados la gente puede salir a la calle etc. hay otro sector de la población que también fue agredido por las maras, que hoy se ve con una serie de restricciones y actos de violencia, incluso han llevado a la muerte de 200 personas en los centros de detención, represión indiscriminada, desaparecidos temporales, etc.
¿Ese es el costo que se tiene que pagar para resolver un problema?
Yo personalmente creo que esa respuesta tiene una posición intermedia: que había que tener mano dura, no me cabe duda pero hay muchas formas de definir mano dura y yo creo que lo que ha hecho el presidente Bukele es confundir mano dura con arbitrariedad, confundir mano dura con abuso autoridad en muchos casos y es confundir mano dura con el socavamiento del sustento de un régimen democrático. Se ha podido lograr el mismo efecto con otros mecanismos. También creo que sí… se ha podido promover un sistema de reformas legislativas, por ejemplo, que permitan flexibilizar de alguna manera el tema de la flagrancia, de no llevarlo al extremo de una flagrancia permanente que es una contradicción en sí misma, es un absurdo jurídico.
¿Qué más se debió hacer?
Creo que se ha podido promover un sistema de juicios rápidos con condenas efectivas; se han podido hacer algunas modificaciones procesales para que los abogados de los imputados no manipulen el procedimiento o jueces venales corruptos, incapaces, temerosos libren a los que no deben liberar. Se pueden tomar muchas medidas y hay países en el mundo que lo han hecho con éxito para tener una respuesta que sea lo suficientemente sostenida y vigorosa contra un fenómeno, resolver el problema sin tener que pasar por violaciones masivas también de los derechos en un sector, que es el más vulnerable.
Para allanar el camino se destituyó a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General (los garantes del respeto de los derechos fundamentales) y se mandó a retiro a un tercio de los jueces más veteranos… Hay tranquilidad, pero… ¿el fin habrá justificado los medios?
No hay ninguna forma de justificar los excesos y el ejercicio arbitrario del poder y eso quiero que queda claramente establecido si es que uno tiene una vocación y una convicción por mantener y reforzar. El Salvador no es la primera vez en su historia que asiste el triste espectáculo de ver una justicia sometida al poder ejecutivo… Pero se ha hecho un esfuerzo por conseguir lo que universalmente se considera que es un principio básico de cualquier justicia que se estime eficiente y es el elemento de la independencia de la judicatura. Uno no puede apostar por una justicia que sea equilibrada razonable y que respeten los derechos de los imputados frente al Estado si es que no se tiene jueces independientes y fiscales. Vamos viendo hoy día es una clara forma autoritaria de ir concentrando el poder. Ahora se tiene de alguna manera satisfecha a la población con el resultado que está viendo en las calles, pero cuando ese poder concentrado pase a otros temas que no son de seguridad ciudadana y que son los que afectan a la población en su vida cotidiana, con un poder concentrado, que no hay equilibrio, donde no hay balance podemos empezar a ver, como en todos los países con regímenes que concentran el poder, se convierten en mecanismo de persecución política para cobrar la factura a los enemigos, a los que no piensan como uno . ¿Rivalidad política, histórica, económica, comercial?
Los analistas dicen que el problema de las maras no se ha resuelto, sino que se ha contenido, aunque a la gente se le venda lo contrario…
El problema que hay en el origen de la violencia es un sistema inequitativo, hay pobreza y falta de trabajo y falta oportunidades para poder estudiar, el trabajo, no es casual que afecte a más de la mitad de la población del país y eso fundamentalmente porque no hay oportunidades de realización. Entonces, a largo plazo yo creo que este sistema puede colapsar si es que no se atacan los problemas de fondo para darle a la población mejores condiciones. Si usted mira lo que se han robado los últimos presidentes de El Salvador, más de 600 millones de dólares, el impacto que esos fondos pudieron tener en el alivio de la pobreza es inmenso.
"Lo que ha hecho el presidente Bukele es confundir mano dura con arbitrariedad, confundir mano dura con abuso autoridad en muchos casos y es confundir mano dura con el socavamiento del sustento de un régimen democrático. Se ha podido lograr el mismo efecto con otros mecanismos"
¿Qué se debe hacer entonces?
Un proceso de reforma estructural para hacer El Salvador un país más equitativo, y si no se hacen esfuerzos por reconstruir el tejido social que está fracturado en este país pensar en que esto se va a resolver metiendo la gente a la cárcel es un absurdo.
La gente está cómoda con el régimen de excepción hasta que la alcanza a ella o a sus familias, mientras que a los policías se les empodera como “jueces de la calle”. ¿Qué efectos puede tener esto?
Lamentablemente hay una contradicción que es la que genera este tipo de reacciones sociales. La gente casi como que estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que le resuelvan ese problema y pueda hacer una vida relativamente normal, pero la pregunta es ¿qué cuota estamos dispuestos a pagar para resolver este tipo de problema? ¿Será una solución permanente entregarle a un grupo de personas o a una persona o a un gobierno el control total del Estado para que haga lo que él cree que debe hacer y le parece bien a costa de sectores que cada vez serán más porque ahora que se va a desplazar el impacto del gobierno de la seguridad ciudadana al tema de la corrupción?
En su discurso de cuarto año de gobierno, el presidente habló de lucha contra la corrupción, pero los críticos le han señalado que no se refirió a la de su gobierno, que se puede ver alentada con el cierre, clasificación o secreto de información que mantiene en sus dependencias…
Los estudiosos en esta materia son claros en que es una condición para el desarrollo exponencial de la corrupción es el control del poder y la opacidad criminal. Uno de los estudiosos más importante incluso tiene una forma matemática una fórmula matemática que corrupción es igual al monopolio, y concentración de poder y oscuridad más amplia discrecionalidad del funcionario público menos rendición de cuentas. Esos elementos juntos le aseguran el ciento por ciento. El poder ejecutivo, la persona del presidente más un congreso absolutamente cooptado por el poder ejecutivo tiene la concentración total del poder y ha descabezado a las otras instituciones.
¿Qué otros hechos suman sobre esa concentración de poder?
Es evidente que con los cambios que han hecho con la expulsión de la CICIES (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador), que era una suerte de cuadro de acción internacional de la justicia pero también una forma de monitorear y observar qué está pasando; con lo que ha pasado con el Instituto de Acceso a la Información y todas las irregularidades que han estado relacionadas con el mismo, tenga usted por seguro que más la concentración del poder para las reglas arbitrarias que sean establecido por ejemplo en el caso del covid-19, no solamente para que nos investigue, si no dando una norma que exonera exprés los delitos en que haya incurrido. Lo que usted tiene ya es un esquema para muchos años por delante donde la corrupción va a ser utilizada para perseguir a los enemigos del régimen y por supuesto para enriquecer a quienes están en el poder, porque no tendrán ningún tipo de control y supervisión y eso es sumamente grave.
"Podemos empezar a ver, como en todos los países con regímenes que concentran el poder, se convierten en mecanismo de persecución política para cobrar la factura a los enemigos, a los que no piensan como uno"
¿Es posible que el gobierno quiera aplicar una “medicina” como el régimen de excepción al tema de la corrupción?
No es lo mismo investigar y procesar por corrupción a personas de alto nivel, a funcionarios públicos que han tenido poder y representantes de grupos económicos, poder económico, que perseguir a pandilleros. Evidentemente ahí hay situaciones muy diferentes, muy disímiles y en este segundo caso hay también la contaminación de la política porque la gran corrupción en El Salvador ha sido no solamente una corrupción administrativa generalizada, sino una corrupción del poder emanado de gobierno, de altos funcionarios del Estado. Entonces cuando se pretende aplicar la receta que sea utilizada para el caso de corrupción con juicios arbitrarios sin acusación, con personas detenidas sin cargos, sin derecho a una defensa adecuada etc. etc. lo que van a tener ustedes es una maquinaria que peligrosamente se va a ir expandiendo. Fíjese lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, donde la Corte Suprema original está toda fuera del país y los actuales magistrados van a palacio de gobierno a recibir las resoluciones que se dictan y se escriben bajo el mandato de Maduro; y con Ortega peor porque ni siquiera se respeta el espacio mínimo de seguridad personal de quienes supuestamente están siendo investigados. Hemos visto todos los periodistas opositores políticos que han terminado en prisión inventando los cargos penales, que al final ha tenido que ser liberado por la presión internacional.
¿Por qué no basta la justicia, sino que tiene que haber un cambio estructural?
Tiene que haber un cambio también de cultura, porque parte del problema en estos países es que hemos normalizado la corrupción. Consideramos que es una forma de ascenso y movilización social; hasta nos parece gracioso una broma de lo que le pasó al policía para que no le ponga la infracción o de cómo un alto funcionario ha robado y no le pasa nada. No se puede enfrentar al fenómeno de la gran corrupción desde un régimen que no respeta las condiciones básicas de independencia de la judicatura y que no interfiere para dar normas de lo de lo que hacen en general. Se tiene que apostar por un sistema democrático y no por una concentración de poder que lo único que hace es generar actos arbitrarios de manera permanente.
¿La corrupción prevalecerá?
En términos de qué puede significar para un estado democrático no solamente ya no contar con una justicia independiente, con fiscal general y un ministerio público que tenga libertad para poder investigar sino más bien con alguien le dicte lo que quiere perseguir, lo que quiere ocultar. La corrupción en El Salvador es sistémica, no es coyuntural, no es episódica; por lo tanto, para resolver se tienen que aplicar procesos de reforma estructural. Esto no se resuelve sólo con la justicia. El Perú es un buen ejemplo de eso. Yo estuve involucrado en el proceso anticorrupción, sumamente vigoroso. Enviamos a prisión a ministros de Estado, el presidente del Congreso, la fiscal de la nación, 14 generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; alcaldes, gobernadores, directores de bancos, propietarios de medios de comunicación. Uno pensaba que después de haber desbaratado una revolución de esa dimensión las cosas iban a cambiar, pero no: tenemos a los últimos seis presidentes de Perú investigados y procesados y eso es la confirmación de que la corrupción sistémica no se resuelve de la justicia. Usted puede meter presos a muchos y seguirán apareciendo porque es un sistema en que se reproducen. Se requieren reformas profundas, la reforma electoral de financiamiento de la política, la reforma en educación, la reforma del sistema de compras públicas y las licitaciones públicas y, por supuesto, y transparencia en la toma decisiones que tiene que ver con sectores infraestructura relevante en el país.
¿Cómo acabaron Fujimori y compañía después de ser todopoderosos e impunes?
Fujimori (seguramente va a morir en prisión) está condenado a 25 años de cárcel, al igual que Vladimiro Montesinos (su mano derecha) y el excomandante general de las Fuerzas Armadas , así como 14 generales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.